Evaluar con enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes: aprendizajes y avances institucionales

En 2025, a través de una instancia formativa, la alianza UNICEF-CLEAR LAC buscó fortalecer capacidades técnicas para integrar de manera sistemática y transversal el enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes en los instrumentos de evaluación que sustentan la toma de decisiones sobre programas públicos vinculados a este grupo, incluidas las decisiones presupuestarias del Estado.  Esto se concretó mediante el curso Introducción al monitoreo y evaluación de políticas públicas de niñez y adolescencia.

Una de sus primeras alumnas fue Daniela Ortega Fernández, coordinadora de la línea de Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG) del Subdepartamento de Evaluación de Programas, dependiente del Departamento de Evaluación y Gestión Pública de la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda de Chile, institución que coadministra el sistema de monitoreo y evaluación del país.

Su participación se enmarca en el compromiso institucional de la Dipres de incorporar el enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes en los procesos de evaluación de programas, que quedó plasmado en la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción 2024-2032.

“Incorporar el enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes en los procesos de evaluación no fue, para nosotros, un punto de partida natural. En la Dirección de Presupuestos trabajamos históricamente con instrumentos diseñados para apoyar decisiones presupuestarias y al comienzo existió la preocupación que incorporar este enfoque podría cambiar esta lógica”, explicó Ortega. Según cuenta, el compromiso institucional asumido los llevó a dar un paso decisivo: incorporar el enfoque de derechos en la línea de Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG) a partir de 2026. “Sabíamos qué queríamos hacer, pero no contábamos con todas las capacidades técnicas para hacerlo bien. Ahí es donde este curso se volvió clave", puntualizó.

Fueron 25 horas de formación orientadas a fortalecer las capacidades de profesionales del sector público vinculados a la toma de decisiones, el análisis, el diseño, el monitoreo y la evaluación de políticas públicas. Desde un enfoque basado en los derechos humanos, el programa ofreció una introducción teórica y aplicada al diseño, seguimiento y evaluación de iniciativas dirigidas a niños, niñas y adolescentes.

A lo largo del curso, las y los participantes aprendieron a formular objetivos y estrategias, definir poblaciones beneficiarias, construir indicadores y conocer distintos tipos de evaluación —de implementación, de resultados y de impacto experimental. De este modo, la formación entregó competencias aplicadas a la incorporación del enfoque en procesos de monitoreo y evaluación (M&E) para la toma de decisiones relacionadas con el diseño y la evaluación de políticas públicas.

Así lo resume Daniela: "Concretamente, esta formación nos entregó herramientas prácticas para traducir el enfoque de derechos en indicadores, utilizando la matriz de marco lógico que ya forma parte de nuestro trabajo cotidiano. Descubrimos que no se trataba de crear un instrumento paralelo, sino de integrar esta mirada de manera transversal: desde el diagnóstico del problema, preguntándonos si afecta de forma diferenciada a niños, niñas y adolescentes, hasta el diseño de indicadores que den cuenta de esa afectación y de los derechos involucrados".

La primera versión de este curso contó con estudiantes de distintas áreas del sector público relacionados con niñez y adolescencia, lo que también fue valorado por Daniela, quien destacó que "cumplió un rol que fue más allá de la capacitación. Facilitó el diálogo, ayudó a derribar prejuicios metodológicos y permitió un intercambio con profesionales de otras instituciones que enfrentan desafíos similares. Ese acompañamiento fue fundamental para acelerar un cambio de mentalidad que hoy consideramos irreversible."

Los aprendizajes adquiridos no solo fortalecieron las capacidades individuales de los equipos participantes, sino que también comenzaron a traducirse en decisiones y ajustes concretos a nivel institucional.

En ese tránsito, Daniela afirma que “la formación actuó como un puente entre la reflexión técnica y la implementación práctica, haciendo visible cómo la incorporación del enfoque de derechos podía integrarse de manera consistente en los procesos evaluativos de la Dirección de Presupuestos”.

Hoy existe una disposición real a aplicar lo aprendido, y ello ya se refleja en evaluaciones piloto en el marco de la línea EPG 2026 y en la incorporación sistemática de preguntas sobre derechos humanos en todos sus informes.

Con ello, el sistema de monitoreo y evaluación chileno, uno de los más avanzados de la región, continúa fortaleciéndose y abordando sus desafíos específicos. De hecho, según la primera medición del país en el Índice Nacional de Capacidades de Evaluación (INCE), la integración de la perspectiva de derechos en las evaluaciones es la principal brecha del sistema de evaluación en Chile en su dimensión de calidad.

Este proceso no solo impacta en la calidad de los instrumentos y de la información que sustenta la toma de decisiones presupuestarias, sino que también contribuye a instalar una cultura evaluativa más sensible, reflexiva y orientada a garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes como un eje transversal de la gestión pública.